GLOBAL PERSPECTIVES FOR JUDICIAL OFFICERS
13 de novembro de 2019
UMA NOVA ERA PARA A EXECUÇÃO JUDICIAL BRASILEIRA
13 de novembro de 2019

Por Vagner Sebastião Sperone

Oficial de Justicia del Tribunal de Justicia de Sao Paulo, Evaluador Especialista de Activos, Estudiante en la Maestría en Ciencias Criminológicas Forenses por UCES – Buenos Aires de acuerdo con la Universidad La Sapienza de Roma, Profesor Universitario, Palestrante, Secretario de Cualificación Profesional de Aojesp – SP, Presidente del Consejo de Administración y Miembro del Consejo Editorial de la Revista de Ejecución Judicial®

UNA NUEVA ERA PARA LA EJECUCIÓN JUDICIAL DE MERCOSUR

El título original que pensamos para este texto era “el desprecio por la eficacia de la ejecución judicial”. Esto se debe  a que este título retrata la situación que dio lugar a esta revista técnico-científica que presentamos hoy y ponemos a disposición de los profesionales del derecho.  Sin embargo, desde el momento en que nació esta revista, este escenario ya se ha transformado, porque la ejecución judicial ya no queda relegada a la posibilidad del destino, y se convierte en un enfoque profesional-técnico-científico. Sin embargo, sólo damos el primerpaso: a pesar de algunas iniciativas escasas, y de la creciente preocupación por la eficacia de la justicia, prácticamente no existe en nuestra producción técnica científica nacional centrada en la materialización de la justicia y su eficacia en la vida de los ciudadanos.  

Y nos impresiona con este hecho cuando encontramos que Brasil tiene más escuelas de derecho que todos los demás países del mundo juntos, incluyendo Africa y Asia:[1] teníamos en 2010 1.240 escuelas de derecho, mientras que en el resto del mundo la cantidad era de 1.100 cursos. Es aún más contradictorio verificar la ineficiencia del poder judicial, y el ciudadano que ya ha necesitado servicios judiciales nacionales sabe de lo que estamos hablando, cuando encontramos que el valor que gastamos en el sistema judicial nacional es muy significativo. En el dicho de Da Ros:

“Comparable al presupuesto anual del Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre, esta cantidad también es mayor que el Producto Interno Bruto (PIB) de doce provincias brasileñas consideradas individualmente” (2015)[2]

                El siguiente gráfico, tomado del mismo estudio, ilustra bien esta situación:

                El número de servidores también llama la atención:

Cuando nos preguntamos cómo sería posible que incluso teniendo tantas escuelas de derecho, e incluso invirtiendo tantos recursos en el sistema judicial, logremos tan poca eficiencia y efectividad en la ejecución de medidas judiciales, nos deparamos con la hipótesis de que no damos la debida relevancia a la ejecución judicial. Además, nos atreveríamos a decir que la ejecución judicial en Brasil, en ese momento, limita con el amateurismo.

Cuenta que, a pesar de lo que Neemias Ramos Freire, presidente de Fenassojaf, nos enseña, en su texto cuando dice que es

 “es cierto que la historia de esta actividad se remonta a la antiguedad, hay informes de la existencia de los oficiales de justicia desde el derecho hebreo, a través del derecho romano y el derecho portugués. El hecho es que, cuando era necesario la intermediación del Estado para la solución de conflictos, había jueces para decidir cual era el derecho y, en una etapa posterior, en el momento en que era necesario afirmar lo que se había decidido, el oficial de justicia, o cualquier otra denominación que tendría a lo largo de la historia y en cada país entró en escena.” (enfatización nuestra)

la ignorancia sobre la ejecución judicial en tierras brasileñas es patente.   Nos preocupamos por todas las cuestiones teóricas, el derecho sustantivo y procesal, y olvidamos, por ejemplo, las cuestiones procesales relacionadas con la materialización de las decisiones judiciales.   En este contexto, como se demuestra en su texto publicado en esta edición  de lanzamiento Maximiliano Jesús  Marchese  Monterisi,  presidente de la asociación civil de notificadores y oficiales de justicia de Argentina, ni siquiera podemos entender la diferencia entre “proceso” y “procedimiento”, y estamos muy lejos de entender que “el director del proceso es el magistrado, ya con respecto a los procedimientos de ejecución es el oficial de justicia“.

Todo esto se debe a que, como nos demuestra Mario Medeiros Neto, presidente de la mayor asociación de oficiales de justicia del mundo, AOJESP, mismo siendo “una posición milenaria, citada incluso en la Biblia (Mt, 5. 25-26), e indispensable a lo largo de la trayectoria de la evolución del derecho, la posición de Oficial de Justicia en Brasil, todavía no ha tenido un tratamiento de acuerdo con la importancia de sus deberes. Por esta razón, en el imaginario popular, el oficial sólo “hace notificaciones”.   En este contexto de confusión generalizada entre el proceso y el procedimiento, no por casualidad, todo el mundo está cansado de escuchar que el oficial de justicia es el “manus largo” del juez,   y muchos profesionales de la  ley, incluidos los proprios oficiales, lo repiten sin prestar atención a su contenido.  

Esta definición, sin embargo, en nuestra opinión, es completamente errónea desde el punto de vista teórico e incluso práctico. Explicamos: como demuestra Medeiros Neto, la primera fuente de atribuciones, términos que podemos entender legalmente como facultades-deberes, del oficial de justicia es la ley: “la primera evaluación recae en el Código de Procedimiento Civil (Ley No 13.105, de 16 de marzo de 2015)”, como se aclara en su texto publicado en esta edición liberación.  

El artículo 149 del citado título jurídico define al oficial de justicia como un auxiliar de la justicia,  y no del juez.   Y aquí está toda la diferencia técnica semántica entre el término “longa manus” y la función real del oficial: el oficial de justicia es un auxiliar de JUSTICIA, sus poderes y deberes derivan de la ley y las reglas infra legales, no del juez. Tanto es así que, imaginando una hipótesis absurda en la que un juez procede con una orden manifiestamente ilegal, el oficial de justicia de la provincia de Sao Paulo tiene la obligación legal de denunciarlo, según lo determinado por el artículo 241 del Estatuto de los Funcionarios Civiles de la Provincia de Sao Paulo. Trabajando fructíferamente en este tema, Mario Medeiros Neto hace una interesante diferenciación entre:  1-  Atribuciones formales, 2-Atribuciones administrativas y 3- Atribuciones técnicas,  demostrando técnicamente lo que dice Claudete Pêssoa  en su texto que “estar en la calle es sólo una de las muchas tareas del Oficial de Justicia.”  

En este mismo campo, la confusión teórica sobre la naturaleza de la función conduce a graves distorsiones e ineficiencia del proceso de ejecución. Veamos, por ejemplo, lo que señala Edvaldo Lima, presidentede Afojus-Fojebra en su texto “La actualidad del oficial de justicia”:

“Dentro de esta nueva percepción, vale la pena señalar que el oficial de justicia a veces busca el reconocimiento de sus valores a través de terceros. Hay que recordar que, para buscar primacía dentro de sus deberes, el oficial primero debe reconocerse a sí mismo y luego buscar el reconocimiento de terceros.”

Es decir, la función de la ejecución judicial, debido al desconocimiento de sus aspectos teóricos y prácticos más elementales, termina siendo erróneamente relegada por el poder judicial,  esto cuando no termina inmiscuida en otras funciones. Entre los numerosos  elementos que tenemos que corroborar esta afirmación, podemos mencionar, por ejemplo, la situación señalada por el mayor André Leite en su artículo “Seguridad del Oficial de justicia en cumplimiento de las órdenes judiciales”:

“Después de todo el camino tomado  desde el flagrante hasta la decisión del juez, el oficial de justicia, desarmado y solo, irá a la zona territorial, urbana o rural, conocida y a menudo controlada por el acusado o incluso una organización criminal para cumplir con una decisión judicial, totalmente desprovista del aparato estatal, además de no haber recibido durante el curso de formación, cuando sometido a el curso, la formación dirigida a un análisis de riesgo de localidad y técnicas que mitiguen cualquier delito que ponga en peligro su integridad física o en muchos casos su propia vida durante la realización de procedimientos para el cumplimiento fiel de una orden judicial.

Hay informes de crímenes contra oficiales de justicia de los más diversos que van desde homicidios, lesiones corporales, desprecio, desobediencia y asaltos cometidos con el uso de cuchillos, barras de hierro, machetes y piedras. El oficial de justicia que sobrevive a esta barbaridad sufre de las consecuencias físicas y psicológicas en el ejercicio de su trabajo” (nuestros grifos).

Esto tiene graves consecuencias para los profesionales dela justicia, y también para el país, he aquí, colocando a Brasil en la contra posición mundial, hacia el abismo, porque en el escenario internacional y en los países desarrollados, deja claro Marc Schmitz, presidente de la Unión Internacional de Oficiales de Justicia, en su texto “Perspectivas Globales para Oficiales de Justicia” que:

Hoy en día, el desarrollo económico y el crecimiento de un país se basan en la inversión, la confianza y el crédito. La justicia rápida, eficiente y segura es esencial para promover este desarrollo y crecimiento económico. No cabe duda de que es necesario adaptar la profesión de oficial de justicia a la evolución económica de los países.   Los inversores financieros y económicos exigen un sistema judicial que funcione bien y un sistema de ejecución judicial eficaz. La ejecución judicial no sólo es un pilar importante para el poder judicial, sino también para la economía“.  

No por casualidad, el CEPEJ, la Comisión para la Eficiencia de   la Justicia, el órgano de la Unión Europea, dijo que para “una correcta administración de justicia, es importante que se garantice la calidad de la ejecución. Los Estados miembros sólo deben acreditar a oficiales de justicia si los candidatos en cuestión tienen una norma y una formación compatibles con la complejidad de sus tareas. Una formación de alta calidad de los profesionales es importante para el servicio de la justicia y para aumentar la confianza de los usuarios en su sistema de justicia “(CEPEJ, 2009, Orientación 25) (nuestros grifos).

En este contexto, vemos a Edvaldo Lima añadiendo que:

“Existe la posibilidad de que Brasil se vea perjudicado en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, ya que uno de los requisitos para formar parte del bloque económico es la existencia de oficiales de justicia en los países signatarios”.

También no por casualidad, Claudete Pêssoa, presidente de la Asociación y Unión de Oficiales de Justicia de la Província de Río de Janeiro, llama la atención sobre su texto sobre el hecho de que:

” La facultad de exigir el cumplimiento de la regla de conducta impuesta a todos también sería inocua sin la posibilidad de aplicar la coerción estatal para que la decisión judicial, adoptada en abstracto en el proceso, se materialice en el mundo de los hechos. Aquí llegamos al Oficial de justicia, un profesional esencial y que  garante de la eficacia de las decisiones judiciales“.   (nuestro grifo)

Se suma al ilustre colega que

(…) el oficial de justicia no es un mero entregador de órdenes. Es el que cumple con la orden judicial que observa y aplica la legislación vigente y respeta efectivamente la dignidad de la persona humana, priorizando la diligencia mansa y pacífica, pero teniendo la seguridad de que, en su caso, se puede aplicar rigor judicial y jurídico para que se cumpla la disposición judicial.   (nuestro grifo)

Y como nos enseña Marc Schmitz,

“El oficial, junto con el juez y el abogado, constituye sin duda uno de los tres pilares fundamentales de cualquier proceso judicial. El agente judicial, por su independencia, es un garante de la seguridad jurídica. Sin embargo, esta independencia se refleja en un doble requisito: educación o capacitación de alta calidad y una diversidad de actividades”. (nuestro énfasis)

Es decir, el oficial de justicia es aquel que, durante su actuación, desempeña funciones complejas y es la encarnación de los principios jurídicos más importantes para la formación social: isonomía, dignidad de la persona humana, imparcialidad, etc. Por lo tanto, si realmente queremos trabajar por un sistema judicial eficiente y eficaz, si queremos un país realmente desarrollado, es indispensable luchar contra este escenario de confusión técnica y teórica sobre lo que es la ejecución, disipando el mar de sombras, mitos engañosos, distorsiones. Entre estos mitos, varios operadores de la ley se escuchan diariamente afirmando que “la carrera del oficial de justicia terminará” (sic). Las personas que hacen esta declaración demuestran sólo su completa ignorancia de la realidad, porque además de hacer una declaración que va en contra de lo que los países desarrollados han hecho, ignoran por completo los impactos de los avances tecnológicos. Como nos enseña Nehemías Freire:

“El futuro invita a mejorar la inteligencia artificial (IA), en la que el potente software sustituirá a las tareas en las que el conocimiento y la capacidad humana para el discernimiento son actualmente indispensables. El escritor y pensador israelí Yuval Noah Harari, en su libro ’21 Lecciones para el siglo XXI’ afirma que ‘a largo plazo, ninguna actividad seguirá siendo totalmente inmune a la automatización’.

Pero según Harari, ‘al menos a corto plazo, es poco probable que la IA y la robótica eliminen por completo sectores enteros de la economía. Las obras que requieran experiencia en una amplia gama de actividades estandarizadas serán automatizadas. Pero será mucho más difícil reemplazar a los humanos por máquinas en tareas menos estandarizadas que requieren el uso simultáneo de una amplia variedad de habilidades, y que implican lidiar con escenarios impredecibles‘ (nuestros grifos)

En este sentido, según el presidente de UIHJ

“Los desarrollos digitales en la judicatura no solo deben considerarse como un desafío, sino como una oportunidad, una oportunidad para reinventar la profesión legal y llevarla a la vanguardia. El agente judicial puede convertirse en un jugador clave en la digitalización de la justicia.” (énfasis nuestro)

En el mismo error y oscuridad que aquellos que afirman que la carrera de caen los que creen y propagan que la tecnología remediará nuestros problemas de ineficiencia judicial, especialmente la ejecución judicial. Durante más de 20 años nos enseñó a Bill Gates que:

La primera regla de cualquier tecnología utilizada en los negocios es que la automatización aplicada a un funcionamiento eficiente aumentará la eficiencia. La segunda es que la automatización aplicada a una operación ineficiente aumentará la ineficiencia” [3]  

Necesitamos ampliar los horizontes de la ejecución. No por casualidad, llevamos a los operadores de derecho, además del texto del Sr. Marc Schmitz, presidente de la Unión Internacional de Oficiales de Justicia, entidad que se hace presente en 90 países, textos que ilustran la situación de los oficial de justicia argentinos, con énfasis en el texto de María María del Rosario Brinsek, Directora General de la Dirección de Garantías de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y José Carlos de Resende, Bastonário de la Orden de Procuradores y Agentes de Ejecución de Portugal. El intercambio de información y experiencias será de importancia fundamental para la revolución en la ejecución judicial, requerida por los nuevos tiempos.

Hoy, 15/11/2019, fecha simbólica de lanzamiento de esta revista, fecha de fundación de la República Brasileña, damos un primer paso hacia esta revolución. Presentamos, por primera vez en Brasil y Mercosur, un compendio, en forma de revista digital, de textos técnico-científicos centrados exclusivamente en la ejecución judicial.

Finalmente, debemos agradecer a nuestro amigo Orazio Mélita, un oficial de justicia italiano que ha colaborado valientemente con nuestro trabajo y que nos presentó el “Rivista Dell’ Esecuzione Forzata” en el que nos inspiramos y, por lo tanto, tiene un dedo importante en este proyecto.


Referencias Bibliográficas

[1] Fuente: https://www.oabpr.org.br/brasil-tem-mais-faculdades-de-direito-que-todos-os-paises/ – acceso el 11/08/2019

[2] De Ros, Luciano. El costo de la justicia en Brasil: un análisis comparativo exploratorio. Newsletter. Observatorio Político y Social de Brasil. V. 2, N. 9. 2015.

[3] GATES, B. El camino del futuro. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1995.